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Corte Interamericana condena a Colombia por violencia contra activistas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Colombia por no prevenir el asesinato de una defensora de los derechos humanos, así como por la detención arbitraria y falta de protección de otras activistas durante el conflicto armado en ese país, informó este martes el tribunal. El Estado colombiano fue condenado también por no adoptar medidas para atender la situación de desplazamiento de las defensoras de derechos humanos durante el conflicto armado colombiano y por violar sus garantías judiciales y su derecho a la protección. El caso se refiere al asesinato de la activista Ana Teresa Yarce, detenida en 2002 en la ciudad de Medellín junto a sus compañeras María del Socorro Mosquera y Mery del Socorro Naranjo, acusadas de ser colaboradoras de la guerrilla izquierdista. Las tres mujeres fueron liberadas nueve días después por falta de pruebas, y la CorteIDH determinó en su fallo que el arresto “fue ilegal y arbitrario y que, en las ciurcunstancias del caso, además de una violación al derecho a la libertad personal, generó una vulneración de los derechos a la integridad personal y a la protección de la honra y dignidad de las víctimas”. Yarce fue asesinada en 2004 después de haber interpuesto numerosas denuncias sobre su situación de riesgo sin que el Estado adoptara medidas para resguardar su vida, según el tribunal regional con sede en Costa Rica. Otras cuatro defensoras de derechos humanos se vieron obligadas a desplazarse de sus lugares de residencia por amenazas, “ante lo cual el Estado no adoptó las medidas suficientes de asistencia ni posibilitó un retorno voluntario y seguro”, según la CorteIDH. El tribunal ordenó al Estado adoptar medidas de reparación que incluyen continuar la investigación relacionada con el desplazamiento forzado de la activista Myriam Eugenia Rúa y sus familiares, así como desarrollar un curso en Medellín para instruir sobre el trabajo de los defensores de derechos humanos. AFP

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AI: Ley de Cooperación Internacional pone en peligro labor de defensores

La Asamblea Nacional de Venezuela no debe aprobar el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, el que pretende limitar arbitrariamente la posibilidad de organizaciones de derechos humanos de acceder a fondos de cooperación internacional y, así, disminuir seriamente su trabajo, dijo Amnistía Internacional. El proyecto establece que las organizaciones de la sociedad civil solo podrán acceder a fondos de la cooperación internacional si cumplen con “los lineamientos y políticas que al efecto establezca el presidente”. “Exigir que las organizaciones de la sociedad civil alineen su trabajo a criterios establecidos discrecionalmente por el presidente para acceder a recursos de la cooperación internacional es una forma clara, e inaceptable, de coartar su independencia y prevenir que continúen sus labores,” dijo Guadalupe Marengo, directora ddjunta del Programa de las Américas de Amnistía Internacional. Limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil de esta forma es una manera de limitar la protección de todos los derechos humanos, tanto de los civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales. En los últimos meses, el presidente de Venezuela y el presidente de la Asamblea Nacional han atacado públicamente a los defensores y las defensoras de derechos humanos acusándolos de recibir fondos de gobiernos y de organizaciones de fuera del país con el objetivo de desprestigiar y desestabilizar al Gobierno. “El proyecto de ley es un nuevo ejemplo de la clara falta de respeto de las autoridades hacia la labor de quienes defienden los derechos humanos. En lugar de continuar intentando limitar su labor, las autoridades deben alentar su trabajo y participación en la esfera pública,” dijo Guadalupe Marengo. El proyecto de Ley de Cooperación Internacional será debatido por la Asamblea Nacional el 10 de noviembre de 2015 y podría ser aprobado ese mismo día

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